La Dirección General de Transporte Terrestre ha presentado el Plan de Inspección de Transporte por Carretera para 2021. Como todo plan, va dirigido a organizar y aumentar la eficacia de una actuación, en este caso la inspección, y su finalidad no es sólo la vigilancia del cumplimiento de las normas del sector del transporte, sino que además prioriza la lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector. Y es ahí donde debe primar la calidad a la cantidad, es decir, saber cómo y dónde se debe inspeccionar, para que sea una inspección ordenadora y no solo estadística o recaudatoria.
Esperemos que no quede en una declaración de intenciones porque, sobre el papel, creo que se recogen aspectos interesantes que conviene analizar. En primer lugar destaca que no se trata de un plan de inspección dirigido sólo a empresas de transporte, sino también a empresas cargadoras, operadores de transporte y usuarios. De hecho, a la hora de programar controles, se tendrán en consideración aquellos puntos donde se puede detectar un mayor volumen de actividad como puertos, polígonos industriales y grandes centros de carga, teniendo como actividad prioritaria la sede de las empresas.
En cuanto a sus objetivos, se centra en las conductas que, de forma reiterada y fraudulenta, distorsionan la libre competencia y la profesionalidad del sector del transporte. Una de ellas es la deslocalización de empresas hacia países de la Unión Europea con menos costes sociales. En este sentido, ya en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el ejercicio 2018-2020 por primera vez se contempla la ejecución de actuaciones conjuntas de la inspección de transportes y de trabajo para la lucha contra las empresas buzón.
Este año hemos presenciado “ojipláticos” cómo las autoridades comunitarias han detectado la contratación de conductores, nada más y nada menos que, filipinos, por una empresa en régimen de "semiesclavitud" (12 meses fuera de sus hogares por 670 euros al mes).
También se recoge de forma específica el control de forma fraudulenta de las cooperativas de trabajo asociado, sobre las que también este año hemos conocido actuaciones específicas, dignas de elogiar, con sanciones de hasta 500.000 euros, donde los socios trabajadores contrataban, facturaban y asumían las responsabilidades del transporte de forma independiente, aunque los vehículos, a meros efectos formales, figuraban a nombre de la cooperativa.
Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos a los que más atención hay que prestar es a la contratación de los servicios de transporte a través de plataformas digitales, ya que es una práctica que se está extendiendo de forma peligrosa. Durante la pandemia, una de las principales plataformas de VTC ofrecía servicios de paquetería que se llevaban a cabo en vehículos turismos, saltándose “a la torera” los requerimientos y apercibimientos de los servicios de inspección, y los sigue ofertando. Las actuaciones ejemplarizantes a las que hace alusión el Plan de Inspección deben llevarse a cabo en estos caos.
También otra importante plataforma de comercio electrónico ha sido obligada por la Inspección de Trabajo a dar de alta a 4.000 falsos autónomos que tenía trabajando en Madrid y Barcelona, reclamándole, además, más de 6.000.000 de euros por las cotizaciones impagadas durante este tiempo.
Por lo tanto, a la siempre recurrente y necesaria inspección de los tiempos de conducción y descanso, excesos de peso, tacógrafo, o mercancías peligrosas, se debe poner especial atención con recursos y medios para ello, así como con la necesaria coordinación con otras administraciones (incluso de otros países), en las prácticas que van proliferando y que a gran escala generan una gran distorsión de las normas de competencia. Porque no llevar insertada durante, por ejemplo, 19 minutos, la tarjeta en el tacógrafo, son 2.000 euros de sanción y pérdida automática de la honorabilidad.
Esperemos que se actúe con la misma contundencia a los que contratan por miles a falsos autónomos, a filipinos deslocalizados, a falsos cooperativistas o a los que realicen la actividad de transporte de mercancías en turismos en vehículos de los propios trabajadores. En resumen, inspección de calidad.